Guatemala

OFERTA FORZADA. El 9 de noviembre, a cuatro meses de haber sido expulsados de las dos fincas donde se ubica su comunidad, los quichés presentaron una oferta de permuta sobre las dos propiedades donde se ubica la comunidad de Los Cimientos. Esta acción podría ser el primer paso que conduzca hacia el final de un conflicto agrario en el que el Estado no ha podido resolver por las vías legales.

     La mesa de negociación ante la que se presentó la oferta estaba compuesta por el mediador Monseñor, Julio Cabrera, obispo de El Quiché, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos (CONTIERRA), la Secretaría de la Paz (SEPAZ), y la Unidad Presidencial de Resolución de Conflictos (UPRECO).

     Los quichés, desplazados internos producto del conflicto armado, y denominados por el gobierno chiules, accedieron forzadamente a realizar la oferta de permuta de sus tierras debido a un largo éxodo sufrido luego de la invasión realizada el 25 de julio, dentro de la finca Los Cimientos por parte de un grupo de ixiles vinculados con las desaparecidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), denominados por el gobierno chajules (Inforpress 1421).

     En la reunión del 9 de noviembre donde Inforpress estuvo presente, Shayne Ochaeta, coordinadora de UPRECO, solicitó las certificaciones de los títulos de propiedad, aduciendo que eran necesarios para fijar la certeza jurídica de la propiedad de las tierras y verificar que en este tiempo no hubieran sido enajenadas o donadas.

     No obstante, el gobierno aún no encuentra salida a esta problemática, puesto que se ha comprometido a buscar una nueva finca conjuntamente con la comunidad de Los Cimientos quienes han condicionado con un reconocimiento físico de los nuevos terrenos, hecho que aún no se realiza.

     Según afirmó Diego Itzep Pasa, líder de la comunidad de los quichés, en esta negociación han recibido cuatro ofertas, pero ellos las rechazaron por estar fuera de los requerimientos hechos dentro de su propuesta. Hace notar que incluso una de las fincas ofrecidas por el gobierno adolecía de una hipoteca.                     Además, el líder comunitario aseveró que mientras este largo vía crucis es atravesado por la comunidad, han sufrido pérdidas en sus trabajos centrados en la agricultura. Por ello, dentro de la oferta también han pedido que se les paguen los daños causados calculado en Q6.9 millones. Agregó que a raíz de la invasión han tenido que recurrir a la ayuda internacional para poder alimentarse.

 

ASEDIOS CONSTANTES. Pese a que existen documentos que datan de hace 111 años que respaldan a los quichés, durante los últimos 40 años han tenido conflictos. En 1967 las municipalidades de Cotzal y Chajul intentaron quitarles la tierras por la vía Civil. Sin embargo, los títulos de las fincas salieron confirmados por fallos de segunda instancia. Según explica el abogado Aníbal García, los fallos consisten en sentencias firmes y ejecutoriadas que ya no se pueden discutir por ningún medio legal.

     En 1981, debido al conflicto interno armado, los quichés se vieron obligados a abandonar sus tierras, asentándose en Chiul, un municipio de El Quiché.

     En 1994 los quichés regresaron a su comunidad acompañados por diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), nacionales e internacionales. Entonces encontraron un destacamento militar dentro de su propiedad.

     Fernando López, asesor legal del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), atribuyó la presencia del Ejército a la importancia estratégica del terreno puesto que estaban frente a la Comunidad de Población en Resistencia-Sierra.

     En 1998 la Agropecuaria Nabalija S.A., intentó quitarles a los quichés su tierra. Sin embargo, los quichés interpusieron una excepción legal demostrando, por medio de sus títulos, su  pertenencia; inmediatamente la empresa perdió el juicio.

     El último problema se suscitó el 25 de julio del 2001, cuando un grupo armado invadió estas fincas utilizando la fuerza y obligando a los quichés a refugiarse en Xeputul II, municipio de El Quiché.  Debido a la falta de terrenos para sembrar sus cultivos tuvieron que recurrir a la ayuda humanitaria internacional y a las instituciones gubernamentales.

     Según Ramón Ovidio López Gil, abogado de los quichés, se interpuso una querella el 3 de julio, e inmediatamente el Ministerio Público (MP), inició la investigación. Durante el proceso (número de causa 125-2001), que consta en el Tribunal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Nebaj, departamento de El Quiché, el MP solicitó la captura de los cabecillas de la invasión. Sin embargo, el juez no la autorizó por falta de documentación, por lo que el abogado querellante, con el uso de un memorial, introdujo un acta legalizada de las certificaciones de los títulos que constan en el Registro de la Propiedad de Inmuebles en Quetzaltenango.

     Lopéz Gil afirmó que hasta la fecha aún no recibe una nueva notificación sobre el estado del caso, a pesar que el Código Procesal Penal vigente busca evitar formalidades y retrasos para una justicia pronta. La comunicación con el tribunal y el MP ha sido por medio de memoriales.

     Itzep afirmó que hace 15 días UPRECO le solicitó que renunciara a la vía judicial. Sin embargo, aseguró haber respondido que la mesa de negociación es una salida a la problemática para que los hermanos ixiles también encuentren una tierra. Asimismo, enfatizó que ellos no pueden renunciar a sus derechos sobre la tierra.

     No obstante, la representante de UPRECO niega haber solicitado tal renuncia de derechos argumentando que esa instancia no sería el órgano respectivo.

 

¿EL PESO DE LA HISTORIA O DE LA INEFICIENCIA? Los ixiles, a pesar de reconocer la propiedad de los quichés, argumentan que esa tierra ha sido históricamente de su propiedad. Empero, Itzep indicó que sus antepasados han habitado desde hace mucho tiempo en estas tierras y que desde hace 111 años poseen títulos como consta en el informe final de CONTIERRA.

     Reforzando el argumento de Itzep, López señaló que ni siquiera el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), reconoce el derecho histórico sobre la tierra. En dado caso si el Estado empieza por reconocer este derecho, los quichés podrían exigir que se les devuelvan las fincas azucareras y cafetaleras  que les fueron expropiadas en el siglo diecinueve.

     López afirmó que la actual situación se deriva de la incapacidad del Estado para resolver de forma equitativa la problemática de la tierra. También hizo referencia a que en los casos de invasiones de tierra que se han dado en la costa sur, en que los dueños son integrantes de la Cámara del Agro, los desalojos han sido ordenados inmediatamente y las fuerzas policiales han actuado violentamente.

     Ochaeta, al hablar desde su posición gubernamental, afirmó que el regreso de los quichés a sus tierras puede ser peligroso pues los ixiles han amenazado con que correrá sangre si se da su retorno.

     López consideró que el estado de derecho fue violentado porque un grupo de personas puso en jaque al Estado, lo cual pondría en grave situación la legalidad. Además, advierte que al aceptar esta situación, los tribunales y el gobierno han puesto en grave contradicción el artículo constitucional que garantiza el derecho a la propiedad (recuadro), cuya calidad de inherente, le confiere la importancia que para una persona significaría cualquiera de sus extremidades.

     Si este derecho es arrebatado y no es protegido por el Estado se estaría dejando impune un delito muy grave dentro de la legislación guatemalteca, enfatizó López. 

     Asimismo, reiteró que el Estado en estos casos demuestra su ineficiencia e ineficacia, y su única salida para lavarse la cara con el presente caso es tener una respuesta positiva antes de fin de año a la oferta hecha por los propietarios de las fincas.

     CALDH llevó el caso de Los Cimientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes están por emitir un fallo al respecto.

 

LAS PERSPECTIVAS. Itzep afirmó que aunque UPRECO desea que acepten cualquier oferta de permuta, ellos seguirán hasta el final es su tierra y no piensan renunciar a ella.       

     Tanto Itzep como otros involucrados en el caso, culpan a algunos ex PAC por las agresiones violentas contra su comunidad y no descartan que detrás del conflicto existan intereses económicos de personas poderosas. La anterior afirmación surge porque en el año 2000 fue emitido un acuerdo gubernativo que declaraba la reserva natural Visis-Caba, que sería parte de uno de los componentes del Plan Puebla-Panamá.

     Al ser consultado al respecto, Juan León coordinador de la Defensoría Maya, afirmó que no tienen nada que ver con las acusaciones hechas por Itzep, y enfatizó que su organización ha mantenido una posición neutral en el conflicto. No dejó de lamentarse que existan organizaciones que provocan la separación entre hermanos, al referirse de forma directa a la Cooperativa Chajulense vinculándola con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

            Según López con la situación que enfrentan los quichés en este caso se ve agravada el racismo aún existente dentro de las instituciones estatales, a la que atribuye la falta de voluntad de parte del Estado por resolver la situación de ambos grupos en conflicto.

 

Características de las fincas invadidas

Extensión: 44 Caballerías* (total de ambas fincas) Precio de acuerdo a los quichés por cada caballería   Q. 1,800,000.00 =         $225,000.00 Localización: Zona de usos múltiples en la Reserva Natural Visis-Caba, municipio de Chajul, departamento del Quiché.

* 1 Caballería = 43.68 hectáreas

 

El derecho de propiedad en la legislación nacional

La propiedad pertenece a la esfera de los derechos reales los cuales se pueden definir como erga omnes, es decir, oponibles contra todos, por lo que si no fuese la voluntad del propietario nada ni nadie se los puede arrebatar. Artículo 39: Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Artículo 468.- Defensa de la propiedad. El propietario tiene derecho de defender su propiedad por los medios legales y de no ser perturbado en ella, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Fuente: Tesis de graduación del Licenciado Juan Francisco Flores, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Constitución de la República de Guatemala y Código Civil.